La actividad militar ha derivado en violaciones a los derechos humanos.

El rechazo a la LSI

 

  •  Actores nacionales e internacionales se han manifestado en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
  •  Especialistas en derechos humanos han detectado diversos vacíos e irregularidades en la legislación que ya libró el primer obstáculo en la Cámara bajel 30 de septiembre, haciendo oídos sordos a los reclamos en México y el extranjero

Entre las argumentaciones de quienes se oponen a la citada ley se encuentran:

Zeid Ra’ad Al Hussein – Instituciones socavadas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, reconoce que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad debido a la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada, pero advierte:

“Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Consideraciones de Zeid Ra’ad Al Hussein para rechazar la legislación:

– El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como  agentes encargados de hacer cumplir la ley.

– El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las Fuerzas Armadas.

– La autorización para asignar a las Fuerzas Armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados.

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– La legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

– Ambigüedad de conceptos.

– Violación al principio de necesidad.

– Papel Indebido de las Fuerzas Armadas.

– Sometimiento de la autoridad civil al mando militar.

– Ausencia de controles.

– Ausencia de políticas de fortalecimiento a las instituciones.

– Indebida regulación del uso de la fuerza.

– Indebida protección y garantía de los derechos humanos.

– Afectaciones a la protesta social.

– Ausencia de transparencia.

– Lesión a la autonomía.

– Inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

– Ámbito de excepción del derecho procesal administrativo.

– Ausencia de explicitud de los principios rectores.

La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria.

En vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana.

 

CIDH: Evitar la militarización

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación sobre el proyecto de ley y advirtió que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos.

Helicóptero Panther adquirido por la Marina en septiembre pasado.

Helicóptero Panther adquirido por la Marina en septiembre pasado.

Este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

Consideraciones de la CIDH para rechazar la Ley de Seguridad Interior:

– La Comisión ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.

– Las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente.

– La política pública debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado.

Construcción de la 11a. Brigada de Policía Militar en San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Construcción de la 11a. Brigada de Policía Militar en San Pedro de las Colonias, Coahuila.

– Es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales.

– El Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente.

– Reitera la recomendación hecha a México en el informe sobre la situación de derechos humanos en el país de “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad pública.

WOLA: Preocupaciones fundadas

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y 10 organizaciones más (Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundación para el Debido Proceso, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, Open Society Justice Initiative, Robert F. Kennedy Human Rights) advirtieron que durante décadas han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país.

Urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional.

Construcción de nuevas instalaciones en la 25a. Zona Militar en Puebla.

Construcción de nuevas instalaciones en la 25a. Zona Militar en Puebla.

Consideraciones de la WOLA y 10 organizaciones más para rechazar la Ley de Seguridad Interior:

– El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos.

– El debate sobre eventuales cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles.

– Aprobar la LSI o formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México, incluidas la reforma del sistema penal acusatorio del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011 y la reforma del 2014, que restringió el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles.

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– De esta forma, a menos que se fortalezca el sistema de justicia civil en México, estas reformas corren el riesgo de convertirse en “derechos de papel” si se aprueba la LSI.

– La presencia del Ejército en seguridad pública refuerza la idea errónea de que las Fuerzas Armadas son idóneas para resolver los problemas de seguridad pública, cuando al contrario, dicha función corresponde estrictamente a las fuerzas civiles. A la vez, la erogación de recursos al Ejército resta apoyos para el fortalecimiento institucional de la policía.

– Una importante cantidad de sentencias, diagnósticos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos han indicado que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública es contrario a los estándares internacionales en esta materia y a su vez es una de las principales causas detonadoras de violencia y violaciones a derechos humanos.

– A la luz de los procesos emprendidos por el Estado mexicano para avanzar en la agenda de derechos humanos, instamos al Estado a culminar la adopción de los marcos legislativos ya iniciados para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada y la tortura de forma eficaz y conforme a los estándares internacionales.

Equipamiento de la Marina.

Equipamiento de la Marina.

CNDH: Derechos y libertades vulnerados

La Comisión Nacional de Derechos Humanos teme que la legislación pueda aplicarse discrecionalmente a cualquier tipo de actividad humana, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior, sin que existan parámetros objetivos para ello.

La aprobación de la propuesta de ley en los términos en que se presenta, genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.

Consideraciones de la CNDH para rechazar la Ley de Seguridad Interior:

– Los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad. Tan sólo por mencionar algunos:

– Se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica.

– La imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia.

– La falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas.

– La posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.

Vehículo artillado durante el pasado desfile militar en la Ciudad de México.

Vehículo artillado durante el pasado desfile militar en la Ciudad de México.

– La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta.

– Más que atender las causas de la violencia y de la inseguridad en un contexto de prevención, se estaría privilegiando un enfoque reactivo sustentado en el uso de la fuerza como la vía para recuperar la convivencia social pacífica en nuestra sociedad.

– Los problemas de seguridad y justicia que nuestro país enfrenta se deben abordar bajo un esquema amplio, en el que se traten de manera conjunta e integrada la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz, así como determinar el tipo de policía que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, precisando los modelos bajo los cuales se daría su operación.

– Conclusiones similares han sido expresadas por expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y constan en documentos tales como el Informe Preliminar de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaborado por el CIDE, el INACIPE y el IIJ de la UNAM, presentado el mes pasado.

– Una ley sobre seguridad interior debe ser respetuosa de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos.

Las Bases de Operaciones Mixtas, por todo el país.

Las Bases de Operaciones Mixtas, por todo el país.

200 OSC: Peligrosas ambigüedades

En el senado y en pronunciamientos organizaciones de la sociedad civil han demandado abrir la discusión de la Ley de Seguridad Interior.

Esta propuesta contiene peligrosas ambigüedades y otorga atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles. Además de eso que de por sí es grave, normaliza la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar, dice un pronunciamiento firmado por más de 200 OSC.

Consideraciones de más de 200 OSC para rechazar la Ley de Seguridad Interior:

– La Ley de Seguridad Interior contraviene la Constitución y da continuidad a una política de seguridad fallida.

– En lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos un plan para su retiro paulatino, al tiempo que se emprende el fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno y su adiestramiento bajo los principios de legalidad y proporcionalidad.

– Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Portada Gaceta Parlamentaria

Portada Gaceta Parlamentaria

 

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