Portada del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa.

El derrumbe de la “verdad histórica”

  •  El 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó los resultados de su investigación en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
  • Además de arrojar nuevas aristas sobre el caso, el informe del GIEI exhibe una serie de fallas y omisiones por parte de las autoridades tanto en la investigación como el día de los hechos registrados el 26 de septiembre de 2014.

> Ataque, violencia, escenarios, autoridades, objetivos, problemas en la investigación

Capítulo “Características de los hechos y análisis de posibles causas” y extracto de las “Recomendaciones” del “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el 6 de septiembre de 2015.

De hecho, en Iguala también se han tomado autobuses, pero nunca habíamos recibido este tipo de agresividad, que era… como si fuéramos los peores delincuentes que mereciéramos la muerte, creo que a un narcotraficante o un sicario, lo tratan mejor. Nosotros era como si nada, nosotros íbamos por las unidades y nos regresábamos a nuestra Normal.

T. C. Estudiante Normal de Ayotzinapa.

Las razones y características de este ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, supusieron un enorme interrogante y perplejidad para ellos mismos, para México y el mundo: ¿cómo es posible un hecho de esa envergadura? Y realmente ¿por qué pasó? Las dimensiones del ataque no han sido sin embargo tenidas en cuenta de forma que permita un análisis en profundidad de los hechos.

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Se sintetizan en este apartado las características del ataque sufrido por los normalistas y otros grupos, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Se analiza el tipo de hecho, las circunstancias y condiciones que lo hicieron posible; la masividad del ataque y número de víctimas; el nivel de violencia ejercido; los diferentes escenarios y el nivel de coordinación de los autores; el grado de información previa y en el momento que tenían otras autoridades; los objetivos y explicaciones del ataque, específicamente en relación con uno de los autobuses y los problemas en la investigación que señala esta circunstancia como la posiblemente determinante de la acción; la ausencia de protección de los normalistas durante las varias horas que duró el ataque; y la propia decisión de llevar a cabo la desaparición forzada de un grupo de 43 normalistas.

> 1. Masividad del ataque y número de víctimas / Ejecutados, Heridos, Persecución y Atentados

Durante estos sucesos las víctimas directas de diferentes violaciones de derechos humanos fueron más de 180 personas, la gran mayoría de ellos jóvenes y muchos menores de edad:

1) Seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente (incluyendo un normalista con claras señales de haber sido torturado, y otros dos con disparos a quemarropa, es decir a menos de 15 cm de distancia (440); y con tres víctimas mortales en el ataque a los Avispones, incluyendo un menor de edad), en cuatro escenarios diferentes: el cruce de la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte (en este caso en dos episodios diferentes), el camino del Andariego en la zona industrial de Iguala, la carretera saliendo de Iguala frente el Palacio de Justicia, y el cruce de Santa Teresa a 15 km de la ciudad camino de Chilpancingo.

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(440) Peritaje sobre autopsias de los normalistas de Ayotzinapa asesinados en Iguala. Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo. Médico forense, profesor de Medicina legal, Universidad del País Vas- co. Muestra que los disparos contra Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez se hicieron a menos de 15 cm de distancia. En el caso de Julio César Mondragón Fontes señala que muestra lesiones en dos tiempos, unas fruto de policontusiones y otras posteriores que le ocasionaron la muerte con múltiples fracturas en la cabeza y cuyo origen no se describe en la autopsia. Además esta señala lesiones posmorten con arrancamiento del rostro con marcas de caninos, señalando así mismo que se necesitaría una nueva autopsia para tener un análisis completo las lesiones especialmente en el cráneo y rostro debido a los déficits que muestra la autopsia realizada. Ver anexos.

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2) Más de 40 resultaron heridas (441), algunas de ellas de suma gravedad que fueron intervenidas quirúrgicamente, y uno de ellos se encuentra en coma y/o estado de estupor todavía. Estas víctimas se produjeron en los hechos referidos del escenario inicial en la calle Juan N. Álvarez y Periférico norte, en el segundo ataque tres horas después en el mismo lugar y en el cruce de Santa Teresa donde se dieron dos ataques consecutivos;

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(441) Según el Informe del Estado Mexicano en respuesta a las Acciones Urgentes del CED y Procedimientos Especiales, del 10 de noviembre, la lista de víctimas que presentan lesiones en relación a los hechos es de 22 personas la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) atendió a un total de 35 víctimas directas (incluyendo a tres de las seis personas que fueron privadas de la vida) y 107 víctimas indirectas en relación a los hechos. El GIEI ha encontrado otras víctimas graves en su investigación que no está consideradas en estos listados, por lo que señalamos que el número de víctimas directas que sufrieron lesiones en su integridad física es de más de 40 personas.

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3) Cerca de otras 80 personas, incluyendo estudiantes de Ayotzinapa y maestros y otras personas que se movilizaron en su apoyo, sufrieron diferentes formas de persecución y atentados contra sus vidas en al menos tres escenarios, incluyendo los choferes de los autobuses afectados: la calle Juan N. Álvarez y Periférico norte; la zona previa al Palacio de Justicia y colonia Pajaritos; y la zona de la Colonia 24 de febrero en Iguala.

4) Otras 30 personas en el caso del autobús de Los Avispones en el escenario del cruce de Santa Teresa sufrieron ataques contra sus vidas y sobrevivieron.

5) 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos forzosamente (442) de dos lugares y autobuses diferentes, uno en el centro de la ciudad y otro en las afueras de Iguala.

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(442) Lista de estudiantes desaparecidos: 1) Felipe Arnulfo Rosa, 2) Benjamín Ascencio Bautista, 3) Israel Caballero Sánchez, 4) Abel García Hernández, 5) Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 6) Doriam Gonzales Parral, 7) Jorge Luis Gonzales Parral, 8) Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 9) José Luis Luna Torres, 10) Mauricio Ortega Valerio, 11) Jesús Jovany Rodríguez Tlatem- pa, 12) Abelardo Vázquez Peniten, 13) Adan Abraján de la Cruz, 14) Christian Tomás Colón Garnica, 15) Luis Ángel Francisco Arzola, 16) Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 17) Israel Jacinto Lugardo, 18) Julio César López Patolzin, 19) José Ángel Navarrete González, 20) Marcial Pablo Baranda, 21) Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 22) Alexander Mora Venancio, 23) Bernardo Flores Alcaraz, 24) Luis Ángel Abarca Carrillo, 25) Jorge Álvarez Nava, 26) José Ángel Campos Cantor, 27) Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 28) Giovanni Galindes Guerrero, 29) Jhosivani Guerrero de la Cruz, 30) Cutberto Ortiz Ramos, 31) Everardo Rodríguez Bello, 32) Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 33) Martín Getsemany Sánchez García, 34) Jonás Trujillo Gonzales, 35) José Eduardo Bartolo Tlatempa, 36) Leonel Castro Abarca, 37) Miguel Ángel Hernández Martínez, 38) Carlos Iván Ramírez Villarreal, 39) Jorge Antonio Tizapa Le- gideño, 40) Antonio Santana Maestro, 41) Marco Antonio Gómez Molina, 42) César Manuel Gonzales Hernández y 43) Saúl Bruno García.

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6) entre las víctimas hay que considerar también a los familiares de estas víctimas directas que son al menos 700 personas considerando solamente los familiares directos, y especialmente los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

Si bien el nivel de agresión y violencia no puede resumirse en datos numéricos, estas cifras muestran tanto la extensión de la violencia, como los diferentes tiempos y escenarios en que se dieron, y los alcances de sus consecuencias que persisten hoy en día.

Padres de los jóvenes desaparecidos estuvieron presentes en la presentación del Informe el pasado 6 de septiembre en la CDHDF. Foto: GIEI.

Padres de los jóvenes desaparecidos estuvieron presentes en la presentación del Informe el pasado 6 de septiembre en la CDHDF. Foto: GIEI.

> 2. Nivel de agresión sufrida / Un Enorme Nivel de Miedo

Los datos referidos muestran el nivel de la agresión sufrida, el carácter indiscriminado de la misma (disparos contra civiles, desarmados y en actitud de huida), así como el aumento progresivo del nivel de agresión desde el inicio de la toma de autobuses (persecución y disparos al aire) hasta el bloqueo, disparos a matar, golpizas, preparación de acciones de emboscada, o persecución durante largo tiempo que se vivieron en distintos momentos.


“Los normalistas no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población como se señaló en distintas versiones”


El ataque con disparos en el propio centro de la ciudad, contra autobuses con jóvenes que los habían tomado de la central de autobuses, ante un numeroso grupo de gente que se encontraba en la calle o en un concierto en el zócalo, con fuerte contingente y despliegue de agentes por la ciudad, aparece como absolutamente desproporcionado y sin sentido, frente al nivel de riesgo que podría suponer una toma de autobuses o un eventual enfrentamiento con piedras en algún momento. Los normalistas no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población como se señaló en distintas versiones.

El GIEI ha podido evaluar y se ha tenido que encarar también un enorme nivel de miedo, aún hoy en día, para poder llevar a cabo su investigación en Iguala. Numerosos testigos no quisieron hablar, otros lo hicieron en medio de un gran temor y pidiendo confidencialidad, otros proporcionaron información solo después de numerosos contactos previos realizados a través de redes de confianza. El miedo no es únicamente una respuesta al nivel de agresión sufrido, sino al grado de control que se percibe en la zona por parte de los perpetradores o sus cómplices, y la falta de protección que sienten los testigos frente a posibles acciones en su contra. La protección de los testigos es clave en este proceso y su importancia ha sido señalada a las autoridades del estado.

Los padres de las víctimas estuvieron atentos a la presentación de los especialistas. Foto: GIEI.

Los padres de las víctimas estuvieron atentos a la presentación de los especialistas. Foto: GIEI.

> 3. Escenarios de los diferentes ataques: actuación coordinada y compleja

Como ha sido señalado, los ataques y persecución que se dieron esa noche fueron al menos nueve en distintos lugares y momentos, y algunos de ellos se prolongaron en el tiempo. Los distintos ataques directos fueron:

1) Escenario de la calle Galeana, persecución policial con disparos primero al aire y luego contra los autobuses y normalistas que tratan de salir de la ciudad. 21:30 h del día 26 de septiembre de 2014.

2) Cruce entre Juan N. Álvarez y Periférico norte. Con cierre de las calles por patrullas policiales en una distancia corta, con concentración de 3 autobuses (dos Costa Line y un Estrella de Oro) y unos 70 normalistas que se encuentran entre dos fuegos de al menos diez patrullas policiales delante y detrás de los autobuses, con participación de policías de Iguala y de Cocula. En dicho escenario se atacó de manera indiscriminada a normalistas que trataban de mover una patrulla para poder salir, hiriendo de extrema gravedad a un normalista y a otros dos de forma grave. Del tercer autobús, Estrella de Oro 1568 fueron detenidos y posteriormente desaparecidos cerca de 25 normalistas. La acción duró de las 21:45 a las 22:40 h aproximadamente. El informe de balística señala que en este caso los disparos se dirigían al interior del autobús donde se encontraban los pasajeros.

3) Salida de Iguala a Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia de Iguala. Un autobús, Estrella de Oro 1531 con 15-20 normalistas es detenido y destrozado por policías municipales de Iguala, y sus ocupantes golpeados, obligados a bajar del bus, detenidos y desaparecidos posteriormente. Según un testigo se disparó contra uno de los normalistas. La acción duró aproximadamente 45 min-1 h, desde las 21:40 h del día 26, es decir en un escenario simultáneo al ataque en Juan N. Álvarez y Periférico norte.

4) Salida de Iguala a Chilpancingo, un poco antes del Palacio de Justicia. Un autobús, Estrella Roja que había sido tomado por un grupo de 14 normalistas es detenido y sus ocupantes amenazados por la policía que no llega a disparar. Posteriormente son perseguidos hasta que se esconden en un cerro, y una hora después nuevamente son perseguidos cuando tratan de bajar a la carretera. Los hechos se dan entre las 22:00 y las 23:00 h del día 26.

Imag_AreasRelacionadasOK 5) Ataque contra autobús, de Los Avispones, en el cruce de Santa Teresa, a 15 km de Iguala en la carretera a Chilpancingo y contra varios vehículos más. Resultan muertos dos ocupantes, al menos cuatro heridos muy graves, y varios heridos graves. Otra mujer resulta muerta, y varios ocupantes de dos taxis heridos. Aproximadamente se dio a las 23:30 h del día 26. El informe de balística señala que los disparos se dirigían al interior del autobús donde se encontraban los pasajeros.

6) Después, en un segundo ataque en el mismo lugar, otro taxi y un camión son baleados produciéndose varios heridos de gravedad. A las 23:40 h del día 26.

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7) Carretera de entrada a Iguala y Periférico persecución de normalistas hasta Colonia 24 de febrero. Un grupo de 14 normalistas es perseguido en la noche cuando tratan de agruparse con sus compañeros, y son objeto de intentos de atropellamiento, amenazas, pedradas y disparos hasta que se esconden en una casa (10 normalistas) y un cerro (4 normalistas). Se da entre las 23:15-24:00 h del día 26.

8) Ataque en Juan N. Álvarez y Periférico norte contra rueda de prensa de normalistas, donde hay periodistas y maestros que llegaron a apoyar a los estudiantes. Tiempo antes, patrullaje de policía municipal y de protección civil. Dos normalistas resultan muertos por disparos a quemarropa, un herido grave que se refugia en la clínica “Hospital Cristina” junto con 24 normalistas y un maestro, pasando casi 1:45 h desde el ataque hasta ser trasladado para ser atendido en el hospital de Iguala. El ataque se dio a las 00:30 h del día 27. Otras personas que fueron a atender a los normalistas resultan heridas, y las ráfagas suponen un ataque directo contra la vida de muchas personas más que se encontraban presentes.

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9) Muerte de un normalista que es torturado y ejecutado en el escenario del camino del Andariego, en la zona industrial de Iguala. El hecho se dio en las horas de la madrugada, probablemente entre 01:00 y 02:00 h am del día 27.

> 4. Tiempo en que se desarrolló la acción / Ataques Coordinados y Simultáneos

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El ataque contra los normalistas, y también contra el equipo de fútbol de Los Avispones y varios vehículos, se desarrolló durante cerca de 3 horas por parte de policías de Iguala y Cocula y otros agresores (21:40 a 00:30 h), y tras un tiempo de 2 horas de vigilancia previa (de 17:59 a 20:00 h) de sus movimientos antes de llegar a la ciudad de Iguala. Dicho monitoreo previo se dio por parte de policía estatal, federal y ejército.

Los ataques con intervención de al menos dos cuerpos policiales municipales de dos ciudades distintas de Iguala y Cocula en dos diferentes escenarios (Juan N. Álvarez con Periférico norte, y carretera de salida Iguala-Chilpancingo a la altura del Palacio de Justicia), tuvo cerca de una hora de duración en cada lugar y se llevó a cabo de forma coordinada y simultánea, a veces incluso con la participación en los dos lugares de los mismos agresores, una parte de los cuales se dirigieron a reforzar el escenario del autobús, detenido frente al Palacio de Justicia. Testigos señalan la presencia de policía estatal y /o ministerial en ambos escenarios, y una patrulla ministerial en la persecución posterior en la colonia Pajaritos y colonia 24 de febrero de un grupo de sobrevivientes.

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> 5. El C-4 como espacio de coordinación de información / Dichas Informaciones Eran Escuchadas

Las fuerzas de seguridad de policía estatal, municipal y federal, además del ejército mexicano, cuentan con un sistema de coordinación conocido como C-4. Dicho sistema estuvo operativo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Las diferentes comunicaciones a las que ha podido tener acceso el GIEI muestran que dichas informaciones eran escuchadas por las diferentes fuerzas de forma continua. En dichas comunicaciones puede verse que:

a)    La mayor parte de ellas aparecen como comunicaciones de personas que avisan de hechos de violencia o piden ayuda a través del teléfono de emergencias 066.

b)   Se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes.

c)    Hay dos periodos en los que no aparecen comunicaciones en el C-4 que ha sido proporcionado al GIEI, durante ciertas horas. Dichos periodos coinciden con el tiempo posterior al primer ataque de la calle Juan N. Ávarez y el tiempo del segundo ataque en el mismo lugar.

d)   En un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo se señala que no tienen acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche porque la comunicación está intervenida por Sedena (443).

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(443) RMV, coordinador de Protección Civil del Estado de la Zona Norte, dirigido a LRDM, subsecretario de Protección Civil del municipio de Iguala, en el que da cuenta de la actividad de Protección Civil a través del C-4, se señala que esa noche Sedena manejó información de forma restringida en el C-4. Su reporte del 27 de septiembre de 2014 dice: Así mismo el despachador del C-4 sigue indagando sobre más información, pero existe información que se le restringe ya que dicha información es manejada por personal de la Sedena. El GIEI desconoce si es ésta u otra razón la que explicaría la ausencia de información existente.

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El C-4 monitoreó la salida de los normalistas desde Chilpancingo a las 6pm, hasta su llegada a las cercanías de Iguala. Las cámaras de seguridad que forman parte del sistema de vigilancia y coordinación podrían proporcionar información sobre una parte de estos hechos, pero se señaló que estaban inutilizadas y en otros casos las grabaciones existieron y no se proporcionaron a la PGR ni al GIEI. Solo imágenes de una cámara pudieron identificar patrullas que llevaban detenidos en la salida a Taxco. Otras imágenes fueron al parecer destruidas, y tres grabaciones de video de la estación de autobuses pudieron rescatarse tras las gestiones del GIEI en mayo de 2015 (444), al final de las cuales aparece presencia policial a pie en la calle Hermenegildo Galeana tras salir los autobuses de la central.

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(444) Tomo 113 folio 83, comunicación de la Central Camionera en donde dice que no se pueden recuperar los demás videos salvo los que se hicieron de la entrada de los estudiantes.

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 > 6. Presencia de agentes de diferentes fuerzas de seguridad o ejército que observan los ataques

En ambos escenarios de los autobuses estrella de Oro 1568 y 1531 donde hubo normalistas desaparecidos, los agresores fueron al menos policías municipales de Iguala y Cocula. En el escenario del Palacio de Justicia, según testigos, los perpetradores dijeron que iba a llegar policía o grupos de Huitzuco para llevarse a parte de los normalistas (445).

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(445) Declaración ante la PGR como testigo protegido. Abril 2015.

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Antes de todo eso, tanto la policía federal, estatal (446), como el ejército tuvieron personal destacado en la caseta de Iguala en ese momento, donde los normalistas se disponían a tratar de tomar autobuses y una patrulla estatal habría observado su llegada antes de retirarse. Según testimonio de los normalistas, la policía federal estuvo presente muy cerca del otro lugar de boteo, el cruce de Huitzuco. Es decir, antes de los hechos los normalistas tuvieron seguimiento tanto de la policía federal, como la estatal y el ejército que tenían conocimiento de que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa en actividades de boteo y toma de autobuses. 

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(446) Oficio suscrito por JAB, Coordinador Operativo de la Región Norte, Policía Estatal, 27 de septiembre 2014, donde informa a sus superiores lo acaecido el 26 y 27 de septiembre, en la ciudad de Iguala.

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Por otra parte, diferentes testigos señalan la presencia de policía federal en el escenario del Palacio de Justicia en dos momentos diferentes y también de policía ministerial según los normalistas, otros testigos y policías municipales; de policía ministerial en el escenario de Juan N. Álvarez, según algunos policías ministeriales; y agentes de inteligencia del ejército en el escenario de calle Galeana (salida a Juan N. Álvarez) y del Palacio de Justicia según reportes y declaraciones de miembros del ejército; de policía ministerial en el escenario de persecución a normalistas en la Colonia Pajaritos, según el testimonio de dichos sobrevivientes.

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“Hubo presencia de agentes del ejército, de la policía federal y ministerial en distintos momentos”


Además de la policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores, en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia de donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del ejército, de la policía federal y ministerial en distintos momentos. Tras la detención de los normalistas una patrulla del ejército visitó la comisaría de barandilla donde aparentemente habría sido llevado un grupo de normalistas detenidos, y posteriormente la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina donde se habían refugiado un grupo de normalistas sobrevivientes y uno de los heridos graves. También resguardó la escena del crimen donde quedaron muertos dos normalistas en la calle Juan N Álvarez y Periférico Norte tras el segundo ataque. Posteriormente otra patrulla del ejército llegó entre 6 y 7am y resguardó el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón, antes de que llegaran las autoridades civiles.

> 7. Dirección y coordinación de los ataques y/o respuestas frente a los mismos

El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios y de los ataques en distintos momentos que muestran los documentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales y una de protección civil (447) que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes. Por otra parte, según testigo protegido una patrulla estatal participó en trasladar un chofer detenido y luego liberado.

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(447) Además otras patrullas de policía federal y ministeriales estuvieron en diferentes escenarios.

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Por otra parte, uno de los choferes sobrevivientes señala que fue llevado a una casa de seguridad en el centro de Iguala, y presentado ante un hombre que dirigía el operativo o bien tomaba decisiones sobre las acciones a realizar con detenidos. Dicho modus operandi señala una estructura de mando, con coordinación operativa. También este testimonio sugiere que la decisión de qué hacer con los choferes de los autobuses, que fueron detenidos con los normalistas posteriormente desaparecidos, no estaba tomada en ese momento y que el objetivo de la acción no se dirigía contra ellos sino contra los normalistas.

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Sin perjuicio de que no se conoce el contenido de las comunicaciones, en el momento en que se estaban desarrollando los ataques hubo comunicación entre dos de los inculpados como responsables de estos hechos, el Presidente Municipal y el Secretario de Seguridad Publica, Felipe Flores. Una de las antenas que recogen alguna llamada de este teléfono está cerca de la escena del Palacio Justicia (448). El Sr. Abarca señaló haberse comunicado con miembros de la secretaria de seguridad del gobierno de Guerrero, de la policía federal y del batallón 27. Si el contenido de estas conversaciones fue la información sobre los hechos u otras circunstancias de coordinación es parte de lo que debe ser investigado.

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(448) De acuerdo con información proporcionada al GIEI en las horas en las que se desarrollaban los hechos, Felipe Flores Velásquez, Director de la Policía de Iguala Guerrero y José Luís Abarca, ex alcalde municipal mantuvieron diversas llamadas telefónicas. De dichas llamadas no se conoce el contenido, pero fueron realizadas en forma reiterada y continua. A partir de las 23:03:57 del día 26 de septiembre hasta las 02:42:42 del día 27 de septiembre, se realizaron 12 llamadas telefónicas entre estas dos personas que quedaron registradas en diferentes antenas de Iguala y la que se encuentra cerca del Palacio de Justicia. A las 23:03:57 se realizó una llamada que quedó registrada en la antena ubicada en Benito Juárez, Centro de Iguala, posteriormente, se estableció un canal de comunicación a las 00:42:01, 00:42:02 y 00:49:01 en la antena ubica- da en Nicolás Bravo, Centro de Iguala; a las 01:01:08 quedó registrada en la antena ubicada en Benito Juárez, Centro de Iguala, a las 01:30:50 y 01:32:28 en la antena ubicada en la calle de Álvaro Obregón, Centro 01:51:03. A las 01:57:19 Antena en las Margaritas, frente al Palacio de Justicia y finalmente las últimas tres llamadas realizadas a las 1:58:20, 02:01:33 y 02:42:42 quedaron marcadas de nuevo en la antena que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad en la calle de Nicolás Bravo.

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> 8. Objetivo de los ataques / La Conexión Iguala-Chicago  

Los ataques que han sido documentados y analizados en este estudio muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir los autobuses de Iguala (Costa Line 2012 y 2512 y Estrella de Oro 1568 en Juan N. Álvarez), cuando ya habían salido de la ciudad a no dejar que siguieran su camino (Estrella de Oro 1531, en Palacio de Justicia), y cuando parecía que siguieran huyendo a acabar con cualquier posibilidad de huida (bus Castro-Tours de Los Avispones en el cruce de Santa Teresa).

La acción de toma de camiones ha sido práctica habitual en Ayotzinapa y otras escuelas normales (449), sin conllevar nunca una respuesta violenta de ese tipo, aunque en otras ocasiones se produjeran incidentes. Ha predominado obstaculizar la acción, evitar que se lleve a cabo o detener el intento o a los autores, pero no una acción masiva de ataque indiscriminado, atentados directos contra la vida, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, con ataque sostenido en el tiempo y un operativo coordinado y masivo. No hubo un uso adecuado, necesario, racional, ni proporcionado de la fuerza. Todo ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel.

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(449) Declaración de JOA, Representante Legal de la Empresa Estrella de Oro ante la PGR AP 874 Tomo 21.

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Distintas hipótesis del por qué de la agresión han sido consideradas por el GIEI en sus investigaciones. Desde un ataque como parte de la consideración de Ayotzinapa como base social de movimientos políticos o insurgentes (450), a la tesis oficial mantenida un tiempo sobre la confusión de los autores sobre la identidad de los normalistas. Otra posibilidad considerada sería una acción de castigo contra los normalistas por los antecedentes de enfrentamientos y señalamientos contra el alcalde Abarca. Sin embargo, a juicio del GIEI, ninguna de ellas explica el modus operandi ni el nivel de coordinación y violencia. Es probable que entre los factores que explican la agresión se encuentren también los estereotipos sobre los “ayotzinapos” como de forma despectiva que se ha señalado en muchas ocasiones y hemos encontrado incluso en nuestra investigación por parte de diferentes sectores. Sin embargo, a juicio del GIEI este sería un factor facilitador de la agresión, dado que el desprecio por el otro promueve la violencia, pero no un desencadenante de la misma ni del nivel de actuación.

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(450) Ver referencia a esa posibilidad en declaración VLM, Sub Procurador e PGJ De Guerrero, AP 874 tomo 21.

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El elemento común que tiene los distintos ataques tiene que ver con detener los camiones y atacar a los testigos de los hechos o vaciar los lugares donde se habían presentado los mismos. Además, el nivel de violencia contra los autobuses fue en ascenso, desde el ataque a la salida de la central de autobuses hasta el ataque contra los Avispones en el cruce de Santa Teresa, a la rueda de prensa de los normalistas en la calle Juan N Álvarez y Periférico Norte, y el asesinato con torturas de un normalista.


“Un objetivo de alto nivel que justificaba cualquier violencia, aunque fuera indiscriminada, evidente y con urgencia de realizar las acciones”


A pesar de que se hubiera podido ocultar la represión dejando que los autobuses salieran de la ciudad y en un contexto de aislamiento mayor, el operativo se hizo con un uso inadecuado y desproporcionado de fuerza ante presencia de numerosos testigos en el centro de la ciudad. Ello tiene probablemente que ver con la impunidad con que actuaron y se sentían los autores, pero también con un objetivo de alto nivel que justificaba cualquier violencia, aunque fuera indiscriminada, evidente y con urgencia de realizar las acciones.

Si bien la relación de los hechos con el narcotráfico ha sido señalada en diferentes momentos e incluso en la versión oficial de los hechos (un grupo de estudiantes que habría sido confundido con un grupo de narcos; un grupo de miembros del crimen organizado infiltrados entre los estudiantes que van a la ciudad con oscuros objetivos de boicot político; un grupo de narcos o estudiantes infiltrados que van a matar a “contrarios” o tratar de quitarles “la plaza”), hay un aspecto que no ha sido suficientemente considerado hasta ahora. Por una parte la información pública señala que Iguala es un lugar de comercio y transporte de estupefacientes, especialmente heroína, hacia Estados Unidos y especialmente Chicago. Una declaración presentada en un caso reciente en dicho país muestra los lazos en la ciudad y el tráfico de heroína que se realiza habitualmente. Las informaciones proporcionadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. Según dichas informaciones, algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico, entre Iguala y Chicago (451).

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(451) Con fecha 8 de diciembre de 2014 la Fiscal Federal para el Estado de Illinois, Nicol Kim, sometió a consideración de un Juez un “probable cause affidavit”, es decir una declaración jurada para acreditar causa probable para obtener registro de inmuebles, vehículos y computadores, suscrita por A. S., agente de la DEA. Dicha investigación está dirigida en contra de Pablo Vega y otros, señalado como el jefe en Chicago del cártel llamado Guerreros Unidos. De la declaración jurada y de las escuchas telefónicas de las que ahí se da cuenta, surge información que señala que el cartel transportaba la droga desde México a Chicago mediante el uso de buses de transporte público. En una interceptación telefónica en ese caso, realizada en una conversación entre dos sujetos bajo investigación entre Guerrero y Chicago se dan instrucciones para limpiar los buses y en otro se da cuenta de que hubo interceptación en la frontera. El transporte se hacía en un compartimento especial diseñado para ello. Si bien las compañías de buses mencionados en la declaración jurada no son de aquellas que tomaron los estudiantes el día 26 de septiembre de 2014, el GIEI ha tenido conocimiento de que para esos envíos se utilizan también otras líneas de buses desde Iguala. No se ha realizado ninguna investigación para determinar quienes son los dueños. En México no se ha realizado ninguna investigación al respecto, al menos de la que tenga conocimiento el GIEI. Tampoco se ha investigado si existe algún vínculo comercial o de otro tipo que relacione estas compañías de buses Monarca y Volcano, que son señaladas en dicho documento, con las dueñas de los buses que sí fueron tomadas por los estudiantes. Department of Justice, U. S. Attorney’s Office, Northern District of Illinois. “Eight Defendants Charged With Distributing Heroin In Chicago Area On Behalf Of Guerrero Unidos Mexican Drug Cartel”. December 10, 2014. http://www. justice. gov/usao- ndil/pr/eight-defendants-charged-distributing-heroin-chicago-area-behalf-guerrero-unidos. La información señala: “Esta operación golpea a una organización mexicana importante que trafica drogas que presuntamente han distribuido, como rutina, grandes cantidades de heroína y cocaína a través del medio oeste [de los Estados Unidos]”.

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 Es decir, el negocio que se mueve en la Ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra Los Avispones, al existir un autobús, tomado por los estudiantes que no había sido detenido. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora.

Este ejemplo mostraría que los perpetradores tenían conocimiento de que se trataba de 5 autobuses y no de 4 contra los que ya se había actuado y detenido, o simplemente que la orden de atacar los autobuses había sido dada avisando que uno de ellos habría salido de la ciudad. Hay que tener en cuenta que el autobús, de Los Avispones pasó un retén de la policía municipal de Iguala, sin detenerse, apenas unos kilómetros antes en la misma carretera en que sufrieron el ataque.

> 9. El 5º autobús y la motivación del ataque / Un elemento Clave  

Desde el inicio de nuestras investigaciones el GIEI tuvo dudas del número de autobuses involucrados en el caso. Mientras los normalistas y la primera consignación realizada por la PGJ hablaban de 5 autobuses, (dos Estrella de Oro, dos Costa line y un Estrella Roja), la investigación de la PGR señalaba que se trataba de 4 autobuses (sin hacer mención al autobús Estrella Roja), a pesar de que dicha información estaba referida incluso en los testimonios de sobrevivientes tomados el mismo día de los hechos e incluidos en el expediente. Sin embargo, en el expediente se hacía referencia a un autobús, que habrían tomado los normalistas, que habría salido de la central e inmediatamente habría sido destruido por los estudiantes e inutilizado, aunque nunca fue identificado ni investigado como escena de crimen. La única agresión constatada por el GIEI contra uno de los autobuses se dio al tirar unas piedras un grupo de normalistas contra algunos vidrios del autobús, Costa Line, que se encontraba estacionado en la central de autobuses, en el que habían sido encerrados sus compañeros anteriormente, hecho que había desencadenado la llegada a Iguala del resto de normalistas.

Cuando el GIEI hizo evidente a la PGR que existía otro autobús, y recomendó que debía tomarse testimonio de su chofer, se tomó esa declaración sin que el GIEI pudiera estar presente. En la misma se señala una versión de la historia que no coincide en absoluto, más que en la primera parte de salida de la central de autobuses, con la ofrecida por varios normalistas que tomaron dicho bus. Se dice que el autobús habría salido por la calle de atrás de la estación de autobuses y pocas cuadras más adelante, en la misma calle y debido al nerviosismo, los estudiantes habrían pensado que el autobús, no funcionaba bien y se habrían bajado y dirigido a la estación de nuevo a tomar otro. Sin embargo, todos los testimonios de normalistas que iban en ese autobús, señalan que este siguió su camino de salida más adelante y que el chofer pidió a los normalistas detenerse para que una mujer le trajera documentación y ropa que necesitaba. Tras quedarse detenido esperando y de que una mujer llegara en moto y hablara con el chofer, lo que retardó la salida, llegaron finalmente a la salida de Iguala hacia Chilpancingo, al escenario donde ya había sido detenido el autobús, Estrella de Oro 1531 cerca del Palacio de Justicia. Los testimonios de los sobrevivientes son consistentes entre sí, en que fueron obligados a bajar del bus, estando a unos 100 metros del autobús, Estrella Oro, y que huyeron a un cerro. Existen varias evidencias en el C-4 de llamadas sobre movimientos de jóvenes en dicha zona y la colonia Pajaritos y la colonia 24 de febrero que concuerdan totalmente con las declaraciones de los normalistas y que fueron finalmente confirmadas ante la propia PGR en declaración nuevamente rendida en julio de 2015. Un testigo señala que en ese escenario, a unos 100 metros del autobús, antes de donde se encontraba el autobús, Estrella de Oro, el autobús, Estrella Roja fue detenido por una patrulla de la Policía Federal. Una declaración manuscrita en el expediente de otro testigo lo señala también. Estas circunstancias no se han investigado hasta ahora.

Por otra parte cuando el GIEI pidió una inspección de los autobuses afectados, un autobús, Estrella Roja 3278 fue presentado como el autobús, que tomó el grupo de normalistas que salió por la parte de atrás de la estación de autobuses. Dicho bus, como el resto de los autobuses inspeccionados fue examinado por el GIEI con un estudio fotográfico, aunque no pudo realizarse el estudio como escena debido al tiempo en que fueron presentados. Sin embargo, al contrastarlo con el testimonio de los normalistas algunas características de ese autobús, no coincidían con el que tomaron ellos. Un análisis general de la correspondencia entre el autobús, presentado y el autobús, que aparece en las imágenes del video de la central de autobuses esa noche ofrece dudas de que se tratase del mismo autobús. Para poder aclarar la situación se pidió un peritaje específico sobre la correspondencia de las imágenes de video, aunque estas no son de buena calidad, con las imágenes fotográficas recogidas del autobús, Estrella Roja presentado. El peritaje señala las diferencias que se dan en esos dos autobuses y sostiene la posibilidad de que no se trate del mismo. Estas diferencias han sido presentadas ante la PGR para que se investiguen estos hechos.

Sin embargo, en este recorrido hemos constatado cinco contradicciones graves y omisiones que refuerzan la hipótesis de que este 5º autobús, podría ser un elemento clave para explicar los hechos:

1)   La inexistencia de un autobús, Estrella Roja en la historia oficial y el expediente de la PGR, a pesar de que los normalistas habían informado en sus declaraciones iniciales sobre ello y había sido recogido por la primera consignación elaborada por la PGJ. No se ha proporcionado ninguna información oficial de esta omisión.

2)   El señalamiento en el mismo expediente de un autobús, que fue tomado, salió de la central de autobuses y posteriormente fue inutilizado por los normalistas, del que no se tiene conocimiento ni se dan más detalles, ni se analiza como escena. En las consignaciones del 20 de diciembre de 2014 y del 2 de enero de 2015, se afirmó que: “(…) y el tercer camión el cual fue destrozado y dejado a las afueras de la Central Camionera”.

3)   Las enormes diferencias en el trayecto y circunstancias del autobús, Estrella Roja, entre el testimonio del chofer incluido en la declaración ante la PGR, y que finalmente fue tomado en junio de 2015, y los testimonios recogidos de los normalistas y sus declaraciones ante la PGJ y PGR tanto en el momento de los hechos (27 de septiembre de 2014) como meses después (octubre y julio 2015). Además del video solicitado por el GIEI a la PGR de la Central Camionera del Sur donde se recoge dicha salida, y de una inspección in situ del GIEI sobre el trayecto posterior de los normalistas.

4)   Las diferencias evidentes entre el autobús, presentado como el que salió esa noche con normalistas de la estación de autobuses de Iguala y las imágenes tomadas por el GIEI en la inspección de dicho bus, diferencias señaladas por un peritaje especializado y por el grupo de normalistas que lo tomaron.

5)   Las contradicciones entre el testimonio del chofer sobre su recorrido posterior, yendo a Jocutla, y la hoja de registro (452) de esa noche del trayecto de dicho autobús, que señala que salió 10 minutos antes de lo registrado en el video de la estación de autobuses, y cuya hora fue comprobada por el GIEI, que en la hoja de incidencias no se señala que dicho autobús, fue tomado por un grupo de normalistas, así como que refiere que el autobús, se dirigió normalmente a Cuautla que sería su destino y no a Jocutla como señaló el chofer en su declaración.

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(452) El oficio 8700/2015 sin fecha, deja constancia de que el bus Estrella Roja de Cuautla 3278 realizó corrida Iguala Cuautla con horario de salida de 21:10 horas en esa fecha. Tomo 111 (sin foliar) pero con número automático del pdf 63.

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6)   La existencia en el expediente de dos declaraciones contradictorias sobre estos hechos, con dos firmas diferentes, una declaración y un manuscrito. Todas esas inconsistencias y contradicciones evidentes muestran la sospecha de que bajo esas circunstancias se esconden aspectos importantes a considerar. Y que estos pueden tener que ver con el modus operandi y la motivación de la agresión.

7)   Se da la circunstancia de que dicho autobús, fue el único que no fue atacado violentamente esa noche (lo fueron los Costa Line 2012 y 25 10, los Estrella de Oro 1531 y 1568 y el autobús, Castro-Tours de Los Avispones).

En resumen, según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada. Los estudiantes tomaron 5 autobuses, y como se señaló, la propia existencia de uno de los autobuses Estrella Roja no fue presentada en la investigación. El testimonio del chofer de este autobús, es contradictorio con los testimonios de los normalistas y con la hoja de ruta del propio autobús, pero un manuscrito en el expediente confirma en cambio la versión de los normalistas. A falta de otros análisis más profundos, el autobús, presentado parece no corresponder con el autobús, registrado en las cámaras de video de esa noche.


“La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos, como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”


Examinadas todas las hipótesis posibles de esos hechos probados, la única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y su trayecto en la ciudad esa noche, la versiones opuestas del chofer, y sus distintas versiones en dos documentos, las diferencias con los normalistas testigos y otras circunstancias probadas, las ausencias en el expediente de dicho autobús, y los documentos contradictorios obrantes en él, es que dicho autobús, sea un elemento central del caso. La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos, como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja.

El resto de explicaciones posibles, como confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala, o con la sola circunstancia de castigo contra los normalistas como represalia por la toma de autobuses, que no explican la masividad, la reacción tan hostil y la generalización de escenarios de violencia directa contra las personas y los autobuses, y por tanto no ayuda a entender los hechos producidos esa noche. Mientras no existe una evidencia completa, el GIEI señala todas estas evidencias circunstanciales que confirman la importancia de investigar en profundidad esta hipótesis, ya que hasta el momento es la más consistente con la violencia desatada contra los normalistas, y posteriormente contra el equipo de fútbol de Los Avispones y otras personas, confundidas con ellos.

> 10. No protección de los normalistas frente a los ataques / Ninguna Fuerza del Estado Presente  

Los escenarios de violencia de esa noche muestran un panorama de indefensión de las víctimas frente a los agresores. Ello no solo por el hecho de que se trataba de policía municipal, sino porque ninguna otra fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos o estuvo presente en algunos escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los normalistas. Tampoco los mecanismos de protección o investigación del gobierno del Estado de Guerrero funcionaron para ello.

Entre el primer ataque directo con armas de fuego llevado a cabo en la calle Hermenegildo Galeana (21:30 h) y posteriormente Juan N. Álvarez (21:45 h), y el segundo (00:30 h) pasaron 3h sin que en ningún momento se presentase la fiscalía, ni servicios periciales para atender a las víctimas, investigar los hechos o levantar la escena del crimen. La única gente de apoyo que llegó en ese tiempo fueron maestros de la Ceteg, otros estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y algunos amigos de los normalistas a los que avisaron de los hechos. Además, estos grupos se convirtieron también en víctimas del segundo ataque, ante la inoperancia de las autoridades.

Según el informe la Comisión Parlamentaria de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, ningún oficial tanto de la Fiscalía de la Región Norte de Iguala (PGJE), como elementos de otros cuerpos policiales o de seguridad con presencia en Iguala (453), acudieron en auxilio de los estudiantes normalistas durante la franja horaria en la que sucedieron los eventos (desde las 21:50 horas hasta pasadas las 00:00 horas) (454). Sin embargo, convendría extender este tiempo hasta la 1 h am (o más bien 3h am), dado que el último ataque conocido se dio a las 0:30 h en la calle Juan N. Álvarez y posteriormente fue detenido y torturado Julio César Mondragón.

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(453) La Policía Federal de Caminos está ubicada a las afueras de Iguala, en la carretera federal México-Acapulco en el km 121+300; el Cuartel Regional de la Policía del Estado se ubica a las afueras de Iguala en la carretera Iguala-Tuxpan, Km 15. El 27 Batallón de Infantería de la SEDENA se encuentra en la calle Periférico S/N, dentro del casco urbano de Iguala.

(454) A las 17. 59 horas, el Centro de Control de la Policía Estatal o C-4, de Chilpancingo, reportó vía telefónica a la Policía Estatal con sede en Iguala, la salida rumbo a Iguala, de dos autobuses “Estrella de Oro” con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los cuales fueron monitoreados por el C-4 de Iguala desde su llegada a la ciudad alrededor de las 20. 00 horas. Tarjeta informativa 02370 del Coordinador Regional al Secretario de Seguridad Pública del 26 de septiembre de 2014. Así mismo se tiene conocimiento que la Policía Federal arribó al Kim 126+700 de la carretera federal Iguala-Chilpancingo para “monitorear las actividades de dichos estudiantes, quienes pretendían secuestrar autobuses”. También la Comandancia del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano estableció comunicación con el Secretario de Seguridad Pública de Iguala, quien supuestamente, según la SEDENA, habría minimizado los hechos negando que personal bajo su mando hubiera realizado disparos. Gaceta Parlamentaria, n° 4148-II, Comunicaciones Oficiales, De la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Anexo II. Martes 4 de noviembre.

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Funcionarios del Gobierno federal acudieron a la conferencia del 6 de septiembre en la CDHDF, entre ellos Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (a la izquierda). Foto: GIEI.

Funcionarios del Gobierno federal acudieron a la conferencia del 6 de septiembre en la CDHDF, entre ellos Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (a la izquierda). Foto: GIEI.

A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal alegó en su tarjeta informativa falta de personal (455), en el informe realizado por la comisión de investigación para el caso de Ayotzinapa creada en el Congreso de la República (456) se señalan las declaraciones del Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero que habría declarado que no se atendió la contingencia por parte del Gobierno del Estado debido a que el Alcalde de Iguala no contestaba al teléfono y no había una denuncia interpuesta (457). Sin embargo, el Sr. Abarca señaló al GIEI que tuvo comunicación de los hechos por llamadas de funcionarios estatales, lo que debería ser investigado.

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(455) Tarjeta informativa 02370 del 26 de septiembre de 2014 del Coordinador Regional al Secreta- rio de Seguridad Pública, Lic. Leonardo Vázquez Pérez. También Tarjeta informativa del Lic. Juan José Gatica Martínez, Subsecretario de Prevención y Operación Policial al Lic. Leonardo Vázquez Pérez, del día 27 de septiembre de 2014.

(456) El 7 de octubre de 2014 la Cámara de Diputados del Congreso de la República creó la Comi- sión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, presidida por el Diputado José Guillermo Anaya Llamas, e integrada por los y las diputadas Lizbeth Eugenia Rosas, Manuel Añorve Baños, Ruth Zavaleta Salgado, Ricardo Mejía Berde- ja, Lilia Aguilar Gil y Sonia Rincón Chanona. El primer informe es presentado con fecha 4 de noviembre de 2014.

(457) “(…) y si bien tuvieron conocimiento de los hechos al momento de estarse cometiendo, no se actuó de inmediato porque el Alcalde no contestaba el teléfono y no había una denuncia. No obstante el propio Fiscal posteriormente nos indicó que en realidad habían tenido conocimiento de los hechos hasta que personal médico hospitalario dio vista al Ministerio Público. Por lo cual no es claro si tuvieron conocimiento al momento de (sic) comisión de los hechos o una vez terminados éstos”. Gaceta Parlamentaria, n° 4148-II, Comunicaciones Oficiales, De la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Anexo II. Martes 4 de noviembre.

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La Sub Procuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Delegación Estatal en Guerrero, de la PGR, abrió un expediente a las 21:45 h a partir de una llamada del C4, AC/PGR/GRO/IGU/1/256/2014, desde ese momento solicitó diligencias de investigación tanto a la Policía Federal como a la Policía Federal Ministerial. Poco después, junto con el Subprocurador Regional el que estaba en Iguala, varios ministerios públicos y policías ministeriales, tomaron rumbo a la ciudad de Iguala. Sin embargo, el avistamiento de un accidente (sic) a 15 kilómetros antes de llegar a Iguala alrededor de las 00:00 horas, habría hecho que se demorara su llegada hasta pasadas la 01:00 h de la madrugada del día 27 de septiembre, teniéndose que dividir parte del personal en atender ese incidente, y otra parte en continuar hasta la ciudad de Iguala. En este escenario, y según consta también en el expediente de averiguación previa, habrían encontrado el autobús donde viajaba el equipo de fútbol de “Los Avispones”, donde se levantó constancia del cuerpo sin vida de la Sra. Montiel y del joven García Evangelista a la 01:20 horas de la madrugada del día 27 (458).

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(458) PGJE de Guerrero. Expediente de Averiguación Previa HID/SC/02/0993/2014. Diligencia de inspección ocular en la que se llevó a cabo el levantamiento cadavérico de Blanca Montiel Sánchez y David Josué García Evangelista.

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 > 11. Retardo en la atención a las víctimas /  Tendidos en el Suelo, sin Ayuda Médica…

Tanto en el caso del escenario de la calle Juan N. Álvarez con Periférico norte en el primer y segundo ataque, como en el caso de los Avispones se dio un retardo importante en la atención a las víctimas, lo que conllevó mayor riesgo para sus vidas y en algún caso probablemente precipitó la muerte o su evolución posterior. En el caso de Aldo Gutiérrez la atención se demoró por el ataque que siguieron sufriendo quienes trataban de atenderlo y la falta de condiciones de seguridad para las ambulancias.


“Los dos normalistas muertos en el segundo ataque no fueron siquiera atendidos, quedando tendidos en el suelo, con disparos a quemarropa en cara y tórax”


El Informe del GIEI se agregará a las investigaciones del caso Ayotzinapa. Foto: GIEI.

El Informe del GIEI se agregará a las investigaciones del caso Ayotzinapa. Foto: GIEI.

Los dos normalistas muertos en el segundo ataque no fueron siquiera atendidos, quedando tendidos en el suelo, con disparos a quemarropa en cara y tórax, y pasando más de 2 h sin siquiera poder ser tapados, mientras llovía, debido a que no llegó el personal para el levantamiento del cadáver. En el caso del chofer del autobús, de los Avispones, el traslado se atrasó durante más de 1:30 h, muriendo al llegar al hospital. En otros casos, la falta de diligencia en el traslado de los enfermos y su demora durante 1:30 h estuvo a punto de costarles la vida al menos a dos personas heridas graves en el ataque al autobús, de los Avispones, uno de los cuales fue llevado incluso por sus familiares a un hospital privado después de ser rechazado en otros.

En el caso del normalista herido grave Edgar Vargas, estuvo cerca de 1:30 h en la clínica Santa Cristina, sin ningún tipo de ayuda médica. La ambulancia que la patrulla militar señaló que había sido pedida desde que llegaron a la clínica a la 1am, y frente a la reiterada petición de atención, llegó a las 2am cuando la patrulla militar ya se había ido, y también Edgar había sido evacuado en un taxi. Sin embargo, el registro de la Cruz Roja señala que la llamada pidiendo una ambulancia se produjo a la 1:53 h tardando solamente 7 minutos en llegar. Por su parte, el médico de la clínica que también llegó al lugar no atendió las graves heridas de Edgar.

> 12. Decisión de la desaparición forzada / Ataque Masivo e Indiscriminado


“Se trata de un ataque masivo e indiscriminado, en el que los autores no ocultan su identidad”


El patrón de actuación de los perpetradores muestra dos momentos y perfiles distintos. Por una parte se trata de un ataque masivo e indiscriminado, en el que los autores no ocultan su identidad. Más allá del uso de capuchas, son policías municipales y actúan de forma abierta, aunque amparándose en la noche, en un escenario del centro de la ciudad y a la salida de la misma. Los hechos se dieron frente a numerosos testigos, aunque los perpetradores también con el poder de tejer el silencio con el nivel de terror ejercido y el control territorial que numerosos testigos entrevistados señalan, en el que el crimen organizado y específicamente Guerreros Unidos, la policía y distintas autoridades actuaban de forma coordinada desde hacía tiempo.

Los funcionarios recibieron un ejemplar del Informe del Grupo de Expertos Independientes. Foto: GIEI.

Los funcionarios recibieron un ejemplar del Informe del Grupo de Expertos Independientes. Foto: GIEI.


“Este hecho contrasta con otro tipo de acciones de desaparición forzada en donde se da un modus operandi más clandestino desde el inicio”


Este hecho contrasta con otro tipo de acciones de desaparición forzada en donde se da un modus operandi más clandestino desde el inicio, y que podría haberse dado en lugares de más difícil identificación de los autores como en la carretera o en un lugar menos accesible o transitado. Incluso varios normalistas sobrevivientes se preguntaron por qué ellos habían sobrevivido, o los heridos evacuados, si luego el resto iba a ser desaparecido. Es probable que en dicha acción predomine la existencia de numerosos testigos presenciales en una calle de la ciudad (y no así en el escenario del autobús, estrella de Oro 1531 del Palacio de Justicia de donde no fue trasladado ningún herido al hospital).

La masividad de la acción, el gran número de víctimas, la extensión en tan diferentes escenarios y tiempos su realización ante muchos posibles testigos, la detención de los normalistas, el uso de patrullas municipales identificables, entre otros factores, parecen mostrar más una acción orientada a no dejar salir los autobuses y/o a castigar a los normalistas por su acción, que a ocultar desde el inicio los hechos.

La negación de la desaparición tiende a ocultar las pruebas que puedan incriminar a los autores. Por ejemplo, los números de las patrullas de Cocula fueron cambiados y las fatigas alteradas para tratar de borrar las huellas de su participación. La desaparición forzada de personas es una estrategia para borrar las huellas del crimen, extendiendo la confusión y la ambigüedad como una forma de evitar la investigación, el conocimiento de los hechos y sustraer a las víctimas de la protección legal, además de ser llevada a cabo por agentes del Estado o por particulares con su apoyo o aquiescencia, y extiende el terror de sufrir el mismo destino, hacia todos aquellos que pueden identificarse con las víctimas.

Sin embargo, el GIEI señala que en este caso se da frecuentemente una desconexión entre la primera parte del operativo llevado a cabo por agentes del Estado, de la segunda en que supuestamente se entrega a los normalistas desaparecidos a un grupo de la delincuencia organizada para desaparecerlos. La desaparición no puede sin embargo ser achacada a este grupo como si todas las acciones no formasen parte del mismo operativo. En la versión oficial de los hechos contada en comparecencias públicas, y en la investigación en el expediente, esta desconexión aparece de forma palpable, como si fueran dos escenarios diferentes en el que la policía y autoridades implicadas no tuvieran decisión sobre el destino de los normalistas detenidos.

> 13. Destino de los desaparecidos e hipótesis de quema de cuerpos / Sin Precedentes en el Modus Operandi de Guerreros Unidos

Sin embargo, dicha decisión no parece que pueda tomarse de forma inmediata y sin preparar la infraestructura necesaria para ocultar el destino de un grupo tan numeroso de personas. La versión oficial enfatiza un nivel de organización y tipo de decisión de un grupo de delincuentes que no se corresponde con el conjunto de otros casos en la zona, ya sea de asesinatos o de desapariciones y ocultamiento en fosas. En este caso se trata de un grupo muy numeroso de personas, quienes son detenidas por dos cuerpos de policías municipales en dos lugares diferentes y ocultado su destino con un enorme despliegue de infraestructura y capacidad de coordinación, y ejecución de dicha acción. Por otra parte, las contradicciones en dichas versiones sobre los hechos, por parte de los acusados de ser parte de Guerreros Unidos, y haber llevado a cabo el asesinato y desaparición, muestran las inconsistencias en dicha versión de lo sucedido posteriormente y su desconexión respecto lo niveles de decisión que aparecen en la primera parte de los hechos.

Carlos Beristain durante su exposición, en la mesa, el resto de los especialistas del GIEI. Foto: GIEI.

Carlos Beristain durante su exposición, en la mesa, el resto de los especialistas del GIEI. Foto: GIEI.

Además los episodios de quema de cuerpos anteriormente llevados a cabo por Guerreros Unidos (en fosas, y con leña) dejaron numerosas evidencias y una quema parcial de los cuerpos compatibles con ese modus operandi, que ha permitido identificar los restos por otra parte reconocibles como cuerpos completos y no con el supuestamente utilizado en el caso de los 43 hasta haberlos convertido en “ceniza”. El único momento documentado en el expediente en el que un grupo de perpetradores se reúne en las horas posteriores a los hechos es la probada reunión en la casa de Gilberto López Astudillo, El Gil, en Loma de Coyotes o Pueblo Viejo según las versiones. Este hecho podría mostrar probablemente un momento en que los perpetradores analizaron las consecuencias de los hechos y los posibles pasos a dar. Sea que en ese momento o en otro, y sea por ese grupo de perpetradores o en coordinación con otros autores intelectuales o materiales, la decisión sobre la desaparición tuvo continuidad con la acción desarrollada desde el inicio.

La decisión de llevar a cabo un modus operandi tan atroz y sofisticado sin antecedentes, y por tanto sin contar con las directrices y práctica, métodos, materiales etc. preparados para llevarla a cabo y “convertir en cenizas” a los normalistas, es decir llevar a cabo su desaparición hasta convertir sus cuerpos en restos que ni siquiera puedan ser identificados con pruebas de ADN, similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio, no tiene precedentes en el lugar ni el modus operandi de los perpetradores de Guerreros Unidos, ni un móvil que esté a la altura de las necesidades de trabajo, organización y medios adecuado para tratar de borrar cualquier tipo de huella en un grado de sofisticación tan extremo.

Las circunstancias en que fueron encontrados restos humanos mezclados con cenizas, tierra y restos de material combustible carbonizado, y la identificación posterior de un resto óseo correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos, muestra tanto un patrón de ocultamiento que forma parte del delito de desaparición forzada, como el hecho de que al menos uno de los cuerpos de los normalistas sí fue incinerado. Ahora bien, las condiciones de dicho acto y las versiones sobre los hechos siguen siendo contradictorios, aunque este informe muestra la imposibilidad de que el basurero de Cocula, en las circunstancias y tiempos señalados en el expediente, sea dicho escenario.

> 14. Imposibilidad del escenario del basurero de Cocula / Los 43 estudiantes no Fueron Incinerados en el Basurero Municipal de Cocula

La versión oficial mantenida hasta ahora y basada en confesiones de inculpados es que el destino final de los 43 normalistas habría sido el basurero de Cocula donde habrían sido asesinados y sus cuerpos quemados. Para poder realizar una valoración técnica del caso, y de las acciones llevadas a cabo en la investigación específica de este episodio como parte de su mandato, el GIEI pidió un peritaje independiente al Dr. José Torero (459), una persona con reconocimiento mundial en investigaciones sobre incendios, para que realizara un trabajo de campo, examinara las pruebas, contrastara las declaraciones ministeriales de inculpados se pronunciara de acuerdo a sus conocimientos, experiencia, verificación en terreno y experimentos realizados en los laboratorios de la Universidad de Queensland, respecto a tres aspectos: 1) la posibilidad de la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, en el tiempo y con las circunstancias relatadas por algunos presuntos responsables, 2) que analizara el trabajo de recolección de evidencia efectuado por los peritos y 3) que ilustrara acerca de lo que se requeriría para que 43 cuerpos quedaran en condición de incinerados o “cenizas”.

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(459) José Torero. Ingeniero Mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master y Ph. D. de la Universidad de California, Berkeley. Es Fellow del Australian Academy of Technology and Engineering el 2014, premio de la Royal Academy of Engineering el año 2010 y 2008. Society of Fire Protection Engineers en 2015. Co autor del SFPE Handbook for Fire Protection Engineering, es el editor en jefe del Fire Safety Journal, miembro del cuerpo editorial del Jour- nal of the International Council for Tall Buildings, Arquitecture, Fire Technology Journal, Fire Science and Technology, Case Studies in Fire Safety Engineering and Progress in Energy and Combustion Science. Receptor de la Arthur B. Guise Medal de la Sociedad Fire Protection En- gineering el año 2008 y la Rasbash Medal de la Institution of Fire Engineers del Reino Unido.

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Imag-Autos-Basurero

Las conclusiones a las que llega el Dr. Torero en su pericia, y que son consideradas pertinentes a los efectos de la solicitud del GIEI, son las siguientes:

1. Que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014.

2. Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula solo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida.

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3. Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños.

4. Es imposible establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal de Cocula fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos, pero no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo.

Imag-P148-Tabla-Combustion5. No existe ninguna evidencia que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero municipal de Cocula.

6. Los testimonios indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas para lo que sería el fuego mínimo necesario para la cremación de 43 cuerpos.

7. También señala el peritaje las limitaciones científicas y técnicas que tuvieron los estudios realizados hasta ahora para una investigación de esta naturaleza por lo que sus conclusiones son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación.

Por todos estos antecedentes señalados anteriormente en el análisis de las versiones realizado por el Grupo y con base en el informe evacuado por el Dr. Torero, el GIEI se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio.

 

El español Carlos Beristain, del GIEI, abraza a don Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava. Foto: GIEI.

El español Carlos Beristain, del GIEI, abraza a don Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava. Foto: GIEI.

> Conclusión / Déficits en la Investigación

15. Para el GIEI todas estas circunstancias y hallazgos muestran tanto los déficits en la investigación como de las tareas que quedan pendientes para que se pueda dar la justicia que los familiares y México esperan del caso, incluyendo una investigación efectiva de las diferentes responsabilidades y el esclarecimiento del destino de los 43 normalistas desaparecidos que como hemos señalado es aún incierto. También señalan lo que queda por delante, y los caminos por los que se debería orientar a juicio del GIEI tanto la búsqueda de los desaparecidos, como la investigación de los hechos y responsabilidades y la atención a las víctimas y familiares, que forman parte de nuestro mandato. A juicio de este GIEI los avances propiciados en estos meses en la investigación constituyen un paso positivo. Sin embargo el GIEI considera que debe darse un replanteamiento general del mismo en función de los resultados de esta investigación.

NO FUERON ACTOS AISLADOS O ESPORÁDICOS DE VIOLENCIA 

El GIEI presentó su informe el 6 de septiembre en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Foto: GIEI.

El GIEI presentó su informe el 6 de septiembre en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Foto: GIEI.

Extracto de las diversas RECOMENDACIONES emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes:

> 1. Recomendaciones realizadas en el proceso

Imag-Recomendaciones-Portada

A lo largo de los seis meses de trabajo, el GIEI ha realizado numerosas diligencias para llevar a cabo su mandato. Dichas gestiones, recomendaciones y propuestas, han sido recogidas en los 89 oficios que el GIEI ha dejado por escrito para dejar constancia de sus actuaciones. Un resumen de algunas de estas recomendaciones se recoge a continuación.

En ejecución de su mandato y su calidad de coadyuvantes del proceso penal el GIEI realizó una serie de solicitudes de diligencias, obtención de evidencia, líneas de investigación y aporte de información de fuentes a las cuales se accedió de forma directa. A efecto de ilustrar a continuación se mencionan aquellas que el grupo estima como de mayor relevancia.

El 15 de marzo de 2014, en su oficio número GIEI/004/PGR, el GIEI solicitó se informara quiénes eran los socios de los distintos buses involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre y las denuncias que habrían presentado Estrella de Oro, Estrella Roja y Costa Line. Contar con dicha información es de interés para poder realizar eventuales cruces con otras posibles líneas de investigación.

En la misma fecha se entregó a la PGR los números telefónicos de varios normalistas a fin de que se solicitaran a las compañías de teléfonos la ubicación de la antena que captó y transmitió las distintas llamadas en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 y fechas posteriores.

Ángela Buitrago es una abogada colombiana, doctora en derecho y sociología, con especialización en derecho penal y ciencias criminológicas; cuenta con una maestría en derecho penal; es profesora de la Universidad Externado de Colombia. Foto: GIEI.

Ángela Buitrago es una abogada colombiana, doctora en derecho y sociología, con especialización en derecho penal y ciencias criminológicas; cuenta con una maestría en derecho penal; es profesora de la Universidad Externado de Colombia. Foto: GIEI.

Algo que llamó tempranamente la atención del GIEI fue que tras la investigación realizada por el Grupo se demostró que, contrario a lo informado por el Sr. Procurador de la República en la presentación pública del caso tanto en noviembre del 2014 y enero de 2015, en los hechos investigados habían intervenido 6 buses y no 5. En 5 de ellos se habrían transportado los estudiantes y en uno el equipo de fútbol de Los Avispones.


“Lo llamativo de esta omisión es que los estudiantes lo habían declarado desde un inicio, algunos ante la PGJ y otros ante la PGR”


A un mes de iniciado el mandato del GIEI, el 15 de abril, se le hizo saber aquella situación a la Procuraduría General República, en el oficio número GIEI/015/PGR. Lo llamativo de esta omisión es que los estudiantes lo habían declarado desde un inicio, algunos ante la PGJ y otros ante la PGR. Esta omisión tuvo consecuencias importantes en la investigación ya que existieron escenas del crimen no tratadas ni hipótesis consideradas.

En la misma categoría se encuentra la solicitud realizada por el GIEI en orden a que la PGR oficiara a la central de autobuses de Iguala para que entregara los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento que no estaban en el expediente. En los videos de esas cámaras se aprecia el ingreso de los estudiantes a la central para apoyar a sus compañeros que habían sido retenidos en uno de los buses que habían tomado en la carretera. Esta grabación avala la versión de los estudiantes en cuanto a la razón por la cual ingresan a Iguala, en lugar de seguir con la toma de buses en las distintas vías de acceso.

Esta información, de la mayor relevancia, no había sido asegurada por la PGJ ni la PGR sino hasta que el Grupo se lo solicitó a esta última. Lo lamentable, es que para cuando el GIEI solicitó ampliar el rango de horas de grabación, la Central informó que ya no contaba con más filmaciones.

El 19 de abril se solicitó que se incluyera un análisis financiero de los presuntos responsables, eventuales interacciones comerciales entre ellos, cuentas bancarias, justificación de ingresos. En esa misma oportunidad también se solicitaron los antecedentes que en investigaciones internacionales se consideran fundamentales para dar por acreditada la existencia de grupos de crimen organizado. El GIEI lo solicitó respecto de los llamados “Guerreros Unidos” y “Rojos”. La información entregada es considerada insuficiente. Se le hizo llegar al Grupo organigramas de ambas organizaciones. Sin embargo, no se proporcionaron las fuentes con base en las cuales se habían elaborado dichos cuadros. De esta forma, en opinión del GIEI, la pertenencia a uno u otro grupo se sustenta sobre las declaraciones de los supuestos miembros. En dos oportunidades se solicitó por el GIEI que CENAPI proporcionara antecedentes de inteligencia sobre estos dos grupos. La información entregada en opinión del GIEI, y con base a estándares comparados de la región, es más bien pobre. Ello sin perjuicio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de que con dos sentencias donde se condene por crimen organizado a personas que son miembros de tal o cual grupo se da por acreditada su existencia. En opinión del GIEI se debe profundizar en la investigación, y así se le hizo saber a la Procuradora General de la República, respecto de las fuentes de financiamiento, cooptación a autoridades públicas, vinculación y territorio de la organización criminal.

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En ese sentido el GIEI valora la creación por parte de la Sra. Procuradora General de la República de un grupo dentro de la PGR que se aboque a recabar y cruzar información con relación a los grupos de crimen organizado.

El GIEI también solicitó que la PGR recabara todas las filmaciones de cámaras de las casetas en donde los estudiantes realizaban actividades de boteo el día 26 de septiembre de 2014. Una respondió que no filmaban las carreteras sino solo el proceso de cobro y pago de los automóviles, el resto informó que estaban dañadas o que se sobregrababan, por lo que ya no contaban con las imágenes de aquella época. Debido a ello no se pudo revisar ninguna de esas filmaciones. Lo mismo ocurrió con distintas grabaciones de cámaras de seguridad cercanas a los distintos escenarios fijados por el GIEI. Así por ejemplo, el GIEI, al entrevistar a distintos funcionarios del Palacio de Justicia de Iguala, fue informado que la cámara de seguridad de dicho recinto público había captado imágenes de cuando se detiene a uno de los buses que transportaba estudiantes. Dicho video fue enviado al Tribunal Superior de Guerrero. Sin embargo, cuando el GIEI concurrió a Chilpancingo para solicitar acceso a dicho video, fueron informados que ya no existía.

Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, es abogada y fue la primera mujer Fiscal General en su país, en 2010. Es experta en derecho penal. Durante su desempeño como jueza  recibió elogios por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala. Foto: GIEI.

Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, es abogada y fue la primera mujer Fiscal General en su país, en 2010. Es experta en derecho penal. Durante su desempeño como jueza recibió elogios por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala. Foto: GIEI.

Por otra parte, el GIEI indicó a la PGR la necesidad de tomar declaraciones a los funcionarios de las casetas de cobro de los distintos accesos a Iguala. Dichas declaraciones contribuyeron a precisar puntos importantes para la determinación de los hechos previos a la desaparición.

(…)


“Que exista una sola causa y no que se separe en distintos procesos, aunque sea un solo tribunal quien juzga todos los procesos”


Otro aspecto fundamental para cualquier investigación de esta complejidad es que el juzgador pueda tener una visión completa del caso pudiendo analizar y juzgar las distintas líneas que en él se observan. Es por esto que con fecha 29 de junio de 2015, en reunión con la Sra. Procuradora General de la República, se le manifestó la necesidad de agrupar las 4 causas principales ya que las otras se referían a delitos que no guardaban relación directa con la desaparición de los estudiantes, a lo cual ella accedió. En un primer momento el Consejo de la Judicatura Federal decretó la concentración de la causa estando pendiente la necesaria acumulación. La concentración, a diferencia de la acumulación, implica que el mismo Juez verá todas la causas, pero en expedientes y por ende juicios distintos. En cambio, la agrupación conlleva la unificación en una sola causa de las causas anteriores. Lo que en opinión del GIEI se necesita es que exista una sola causa y no que se separe en distintos procesos, aunque sea un solo tribunal quien juzga todos los procesos.

El 27 de mayo se ofició a la PGR para que entre otras cosas midiera las distancias entre cada lugar nombrado por los presuntos responsables. Ello permite determinar los tiempos de traslado de un lugar y otro y contrastarlo con las declaraciones. El GIEI junto, con sus peritos criminalísticos, lo realizó en el mes de junio, sin embargo siguió considerando útil que quedara constancia en el propio expediente. A los pocos días de realizar el Grupo su recorrido y mediciones, la SEIDO hizo lo mismo.

En su oficio GIEI/039/PGR dirigido a la PGR se pidió que se investigaran hechos que no estaban siendo investigados por la PGR. Se trata de delitos de tentativa de homicidios en contra de normalistas e integrantes del equipo de futbol “Los Avispones” y tortura en contra de uno de los normalistas.

(…)

En su revisión del expediente el GIEI determinó que el 27 de septiembre de 2014 se habían recogido ropas presumiblemente de algunos de los normalistas desaparecidos en el autobús Estrella de Oro 1531 ubicado en la escena del crimen identificada como “Palacio de Justicia”. El 14 de noviembre de 2014 se había levantado ropa de otro de los buses Estrella De Oro 1568 de la escena que se ha denominado “Juan N. Álvarez y Periférico Norte”. En ninguno de los casos había sido periciada.

Abogado colombiano, Alejandro Valencia se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Es consultor independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: GIEI.

Abogado colombiano, Alejandro Valencia se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Es consultor independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: GIEI.

El 29 de junio el Grupo pidió a la PGR que se identificara el lugar donde se encontraban resguardadas dichas evidencias y que se procesase y se presentase a los familiares posteriormente. La PGR no supo de inmediato donde estaba la que había sido recogida en el autobús Estrella de Oro 1531, sino que tuvo que indagar para finalmente informar al GIEI que dichos elementos se encontraban aun en la PGJ y no habían sido remitidos con el resto de la averiguación previa ni evidencias, y que otra parte se encontraba en la PGR. Fue hasta el 29 y 30 de julio que se pudo llevar a cabo la diligencia de levantamiento de muestras. De no haber mediado este descubrimiento y la solicitud del GIEI muy probablemente dicha prueba se habría definitivamente extraviado. El 16 de agosto el GIEI realizó una reunión de preparación de los familiares para la diligencia de identificación de dicha ropa, debido al fuerte impacto psicológico que ello supone tanto tiempo después de los hechos.

(…)

El GIEI solicitó entrevistar de forma directa, no en el contexto del proceso penal, a miembros de la Policía Federal, adscritos a Iguala a la fecha de ocurrencia de las desapariciones forzadas. La SEGOB accedió a dicha petición. De las entrevistas solicitadas por el Grupo quedaron pendientes 4, entre ellas una muy relevante, no obstante haber sido informados que todos concurrirían. El argumento dado por el personal administrativo y legal de la Policía Federal fue que uno ya no estaba en la Policía Federal, el comandante de Iguala, aunque el GIEI había sido informado que concurriría y que los otros estaban de servicio en otros lugares y no se logró traerlos. Sin embargo, el GIEI había solicitado la diligencia con la debida anticipación, y obtuvo una confirmación de que se llevarían a cabo.

Por último, el viernes 14 de agosto el GIEI entrevistó a distintas personas, siendo particularmente útil un testigo que determinó fehacientemente que él había sido detenido por fuerzas policiales del Estado de Guerrero y no solo por policías de Iguala. Siendo particularmente creíble su relato y los detalles de la identificación de la patrulla. Los policías estatales lo transportaron a una casa de seguridad desde donde fue dejado en libertad. En su declaración al GIEI, en presencia de MP fijó un sector acotado donde podría encontrarse el lugar a donde fue trasladado, y donde alguien a quien no pudo identificar daba órdenes sobre el destino de los detenidos.

(…)

> 2. Recomendaciones vinculadas con la investigación y búsqueda del caso de Ayotzinapa

A partir del análisis del expediente, de las sugerencias realizadas a la PGR en torno a la investigación, y de la valoración del proceso de búsqueda, el GIEI se permite señalar las siguientes recomendaciones vinculadas con la investigación y búsqueda en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. El listado no es exhaustivo y de manera inevitable algunas de ellas se traslapan con las recomendaciones generales. De hecho, muchas de las formuladas en ese apartado son extensivas para recomendaciones generales. El GIEI quiere de esta manera contribuir a que adelanten gestiones exitosas tanto para esclarecer los hechos, para sancionar a los responsables y para ubicar el paradero de los normalistas desaparecidos.

Investigación

1. Unificación de la investigación.

Continuar unificando la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; para que no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales; para acortar las distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, evitar situaciones de inseguridad y asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso.

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Hay que evitar el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos y se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. Esta medida es fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi. Las investigaciones deben estar concentradas y ser llevadas a cabo por jueces competentes y accesibles.

2.  Considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos

Investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso, entre ellos: 1) homicidios con disparos a quemarropa, 2) tortura, y otras circunstancias de la muerte en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) uso no adecuado de la fuerza, 6) lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes.

3.  Llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes

Agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado, así como peritajes fundamentales que aún se trata de desarrollar como telefonía y otros, la confrontación de la evidencia balística recogida con otras armas existentes en el expediente y con las armas de otros cuerpos de seguridad como la policía de Cocula, así como cruces de entre el ADN encontrado en muestras recogidas en los buses o en la ropa, con los perfiles genéticos de las víctimas y sus familiares. Realizar una investigación exhaustiva de las sábanas de lllamadas tanto de las víctimas como de los indiciados por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

4. Investigar posible traslado de estupefacientes

Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes. Para tal efecto se deben realizar cruces información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja.

5. Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías

Investigar con la participación de peritos independientes las denuncias de tortura contra presuntos perpetradores que se hayan producido.

6.  Realizar una segunda autopsia de Julio César Mondragón Fontes

Realizar una nueva autopsia a Julio Cesar Mondragón Fontes, con participación de expertos de la PGR y del EEAF, de acuerdo con la familia.

7.  Replantear elementos de investigación del caso

Replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por la investigación del GIEI.

Responsabilidades

8.  Determinar otras responsabilidades

Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos.

9.  Investigar otros posibles responsables

Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La investigación del GIEI ha proporcionado nuevos elementos en ese sentido.

10. Llevar a cabo nuevas capturas

Capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, secretario de seguridad pública de Iguala en el momento de los hechos, Gildardo López Astudillo alias “El Cabo Gil” y Alejandro Tenescalco Mejía exmiembro de la policía municipal.

11. Investigar el patrimonio de presuntos responsables

Investigar el patrimonio de los presuntos responsables del caso, su origen lícito, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o han habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas, así como si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades.

12. Investigar la posible obstrucción de la investigación

Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.

Búsqueda

1. Mantener los procesos de búsqueda

Mantener los procesos de búsqueda siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas, y los criterios establecidos de forma conjunta para las mismas, como resultado de los buenos oficios interpuestos por el GIEI.

2.  Examinar otros lugares compatibles con restos cremados

En el contexto de evaluar todos los posibles destinos de los normalistas debido al hallazgo de un resto cremado identificado como correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos, y a la necesidad de tener en cuenta todos los posibles destinos de los normalistas, investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula, u otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos.

3. Actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala

Actualizar de manera constante el mapa de fosas de cadáveres y restos óseos hallados en Iguala y lugares aledaños, de forma que dicha información contribuya a encontrar indicios que puedan ayudar a realizar nuevas búsquedas de los normalistas. La búsqueda de fosas se puede fortalecer utilizando tecnología láser (LIDAR), para identificar perturbaciones en el terreno de los lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores. La colaboración de los expertos periciales de PGR y del EAAF es fundamental para la realización positiva de dichas gestiones y técnicas, así como para obtener resultados de mayor fiabilidad y confianza.

4. Incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnología de búsquedas

Reiterar la solicitud de contar con una serie más amplia y de mejor calidad de las imágenes satelitales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y de otras instituciones, de los diferentes lugares de los hechos vinculados con la investigación.

Abogado chileno, Francisco Cox cuenta con una maestría en derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; es profesor de derecho constitutional en la Universidad Diego Portales y profesor de clínicas de interés público y derechos humanos. Litiga casos penales y constitucionales, ha trabajado en casos pro bono ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humano.  Trabajó en apoyo de la extradición del general Pinochet a España. Foto: GIEI.

Abogado chileno, Francisco Cox cuenta con una maestría en derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; es profesor de derecho constitutional en la Universidad Diego Portales y profesor de clínicas de interés público y derechos humanos. Litiga casos penales y constitucionales, ha trabajado en casos pro bono ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humano. Trabajó en apoyo de la extradición del general Pinochet a España. Foto: GIEI.

Atención a las víctimas

5. Llevar a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas

Implementar las recomendaciones que en materia de atención a las víctimas en aspectos legales, sociales, psicosociales, médicos y de salud, así con medidas de protección fueron presentadas por el GIEI para que fuesen impulsadas por la Segob y la CEAV, en coordinación con otras entidades federales y estatales.

6.  Consolidar mecanismos de información y relación con los familiares y otras víctimas

Mantener de manera constante mecanismos de información, comunicación y enlace, con los familiares, víctimas y representantes del caso que permitan garantizar relaciones de confianza y entendimiento con las diferentes autoridades estatales.

7. Reformar y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos del Estado

Respetar e impulsar los acuerdos que en relación con la búsqueda de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el manejo de la información y otros aspectos que se han definido entre los familiares de los desaparecidos, sus representantes y las más altas autoridades de México en octubre de 2014.

8. Considerar medidas de protección y prevención

Evaluar y reforzar las medidas de protección y una investigación efectiva de las amenazas respecto a testigos vinculados al caso.

> 3. Recomendaciones generales en torno a la desaparición en México

El Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica dentro de las medidas cautelares de la CIDH, que derivó en la creación del GIEI, establece que a partir de las recomendaciones del GIEI, el Estado debe fortalecer “sus capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada” (punto 8).

Por esta razón y como parte de su contribución a la prevención, investigación, sanción y reparación en los casos de desaparición de personas en general y específicamente de la desaparición forzada en México, el GIEI formula algunas recomendaciones relevantes para enfrentar esta problemática de en México.

(…)

Registro de personas desaparecidas

  • Tener un registro único nacional de personas desaparecidas. Se requiere evaluar y revisar la Ley del Registro Nacional de Datos de personas extraviadas o desaparecidas con el propósito de que la nueva Ley General sobre Desaparición establezca una única herramienta a nivel nacional. Garantizar que dicho registro esté encaminado tanto a la búsqueda de las personas desaparecidas como a la investigación de los hechos.
  • Incorporar en ese nuevo registro otras informaciones preexistentes, incluyendo las del periodo de la “guerra sucia”, las víctimas identificadas en la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las averiguaciones previas de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que pasaron a la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y las víctimas identificadas por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero.
  • Cruzar este registro con otras bases de datos que contienen información sobre personas, como el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para obtener toda la información pertinente sobre las personas desaparecidas.
  • Integrar dicho registro al Sistema Nacional de Atención a Víctimas que establece la Ley General de Víctimas, con el propósito de que las víctimas tengan derecho a acceder a los beneficios establecidos por dicha ley.
  • Contar con datos estadísticos confiables y actuales sobre la desaparición en general y sobre la desaparición forzada en particular. Hacer publicaciones periódicas que ayuden a valorar y monitorear la situación. El registro único nacional de personas desaparecidas debe tener la capacidad para albergar una base de datos tanto para la desaparición en general como para la desaparición forzada en particular. Dichas bases deben arrojar información que permita implementar políticas en relación con la prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación de la desaparición.
  • Establecer un Registro único nacional de personas detenidas. La inscripción de todas las privaciones de la libertad en registros y/o expedientes es una medida preventiva para la desaparición de personas.

Búsqueda

  • Establecer un proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Se debe diseñar e implementar un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas que sea de oficio implementado por el Estado, que se ponga en marcha de forma inmediata y que se ejecute sin dilaciones indebidas. Las primeras 72 horas de dicho procedimiento son determinantes, por lo que no se puede demorar su implementación con argumentos que demuestren pasividad o retardo. De acuerdo con la información recabada, dicho mecanismo debe elaborar las diferentes hipótesis de búsqueda, prever búsquedas tanto en vida como en muerte, tanto para desapariciones recientes como anteriores en el tiempo y contar con equipos especializados que posibiliten la participación de peritos externos. En los procedimientos de búsqueda se debe permitir el ingreso a cualquier entidad pública, incluyendo las instalaciones militares y policiales.
  • Permitir la participación de los familiares en la búsqueda, brindándole garantías de protección y seguridad. Es importante que se capacite a los familiares que realizan búsquedas “alternativas” para el manejo de posibles lugares donde puedan encontrarse fosas u otros hallazgos, no se altere la evidencia y pueda llevarse el desarrollo de la investigación, así como establecer sistemas de toma y resguardo de la información que ellos aporten.
  • Fortalecer la base de datos genéticos de la PGR para identificación de desaparecidos. Dicha base debe ampliarse con criterios profesionales, a fin de que sea útil para incluir de manera adecuada la los casos de personas desaparecidas de forma que se puedan contrastar perfiles genéticos en el caso de que se encuentren evidencias o restos. Asegurando que tenga interconectividad con las bases que generen las autoridades estatales.
  • Crear una comisión de búsqueda de personas desaparecidas. Dicho mecanismo deberá ser de carácter mixto, con presencia de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, para que coordine las políticas públicas en la materia. En este sentido, se requiere también constituir comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas, con presencia de funcionarios responsables y con capacidad ejecutiva.
  • Crear un programa nacional de exhumaciones. Con el propósito de que éstas se lleven a cabo en el menor tiempo posible y con medios profesionales que permitan esclarecer la identidad de esas personas y se adelanten las investigaciones respectivas. Dicho programa debe, entre otras, garantizar el resguardo y clasificación de los restos y levantar un mapeo de panteones donde haya enterramientos como XX, fosas comunes o clandestinas identificadas y proceder a su exhumación conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota.
  • Resguardar de manera adecuada los lugares donde se puedan encontrar cuerpos, cadáveres y restos óseos y evitar en todo momento que queden sin custodia. La zona debe acordonarse y protegerse mientras se obtiene la evidencia y se practican todas las diligencias necesarias.
  • Contar con un sistema único automatizado a nivel federal de identificación dactilar, que permita verificar la identidad de una persona a través de las características de sus huellas dactilares.
    Carlos Beristain, de nacionalidad española, es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Coordinó el informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador trabajó con las  Comisiones de la Verdad de esos países; y en el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos. Foto: GIEI.

    Carlos Beristain, de nacionalidad española, es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Coordinó el informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador trabajó con las Comisiones de la Verdad de esos países; y en el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos. Foto: GIEI.

     

Derecho a la verdad

  • Establecer las necesidades de los familiares y víctimas que permitan satisfacer el derecho a la verdad, permitiendo el acceso a la información necesaria y el conocimiento de la situación judicial y evolución del caso. Se adecuarán dichas respuestas de acuerdo con las diligencias y los procesos judiciales, entre otros, con un enfoque preventivo, proporcionando los medios necesarios, y evitando la victimización secundaria en el proceso de búsqueda e investigación.
  • Contar con un sistema de información periódica así como de escucha a los familiares y representantes, para adecuar el proceso a las expectativas y necesidades que se planteen, así como a los estándares y mejores prácticas internacionales en la protección de los derechos de las víctimas en los procesos de investigación.
  • Promover proyectos de memoria histórica con la participación de los familiares de las personas desaparecidas.
  • Satisfacer el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas de desaparición forzada del periodo de “guerra sucia”.
  • Otorgar una particular atención a las desapariciones forzadas de las mujeres, los migrantes, los defensores de derechos humanos y los periodistas. Se requiere adoptar criterios diferenciales para el análisis de estos grupos de víctimas de desaparición forzada.
  • Garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentren en instalaciones y archivos militares.
  • Preservar y facilitar el acceso a los archivos estatales. El acceso a la información debe incluir la apertura de los archivos para que las instituciones que investigan los hechos puedan hacer las inspecciones directas; la realización de inventarios y rastreos en las instalaciones oficiales que sean necesarias para la información sobre búsquedas e investigación; el impulso de operativos de búsqueda que incluyan garantías y medidas legales para el acceso a los lugares en los cuales la información pueda reposar.
  • Con el propósito de satisfacer el derecho a la verdad y a la información, los archivos militares deben ser accesibles para la sociedad mexicana, con las necesarias garantías de seguridad y trasparencia.
Marcha en Paseo de la Reforma en apoyo a los normalistas desaparecidos. 20 de noviembre de 2014. Foto: Discurso y Debate.

Marcha en Paseo de la Reforma en apoyo a los normalistas desaparecidos. 20 de noviembre de 2014. Foto: Discurso y Debate.

  • Investigar los casos de desaparición en general y de desaparición forzada en particular, de oficio, sin dilaciones, de una manera seria, imparcial y efectiva. Las investigaciones sobre desaparición forzada deben ser conducidas tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas, de acuerdo con el contexto en que ocurrieron y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Como criterios para orientar la investigación se deben tener en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos.
  • Investigar de manera profesional y con todos los medios legales disponibles, lo que implica abarcar tanto la responsabilidad de los autores intelectuales como materiales, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes del Estado. Esta investigación debe incluir los casos del periodo de “guerra sucia”.
  • Aplicar el Protocolo de Minnesota para guiar las investigaciones de las desapariciones forzadas, ya que las ejecuciones extrajudiciales son una forma de consumación de las desapariciones forzadas. Este Manual de investigación es crucial para asegurar una investigación seria en los casos de desaparición forzada, la protección de las escenas, el adecuado resguardo y registro de la evidencia, sobre todo cuando se encuentran los cadáveres o restos óseos de las víctimas.
  • Implementar las siguientes actuaciones que podrían incentivar la investigación: instar a los Ministerios Públicos para que desde un inicio abran una averiguación previa o una carpeta de expediente y no sólo una acta circunstanciada o un reporte; requerir que el levantamiento de la declaración o información de la víctima sea exhaustivo; permitir que la víctima haga la denuncia en cualquier lugar del país y no sólo donde ocurrieron los hechos; resguardar zonas donde podrían hallarse evidencias y garantizar una adecuada cadena de custodia; solicitar a las instituciones públicas y privadas que resguarden posibles diligencias útiles para la investigación por un plazo prudencial después de ocurridas las desapariciones evitando la destrucción de pruebas.
  • Garantizar la cooperación inmediata entre autoridades estatales y federales en materia de investigación, registro de casos, intercambio de información y otros indicios que permitan la localización o identificación de los desaparecidos. En este sentido debe establecerse una línea clara de responsabilidad, que impida que ante una competencia concurrente, ninguna de los órdenes actúe interpretando que era una competencia del otro y se generen dilaciones en actuaciones urgentes. Siempre se requiere dejar un registro de todas las actuaciones llevadas a cabo y de quién ha sido responsable de las mismas.
    • Autorizar mediante orden judicial escuchas o intervenciones telefónicas o en otros medios para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de desaparición forzada de personas.

  • Crear juzgados especializados de 24 horas con competencia a nivel nacional que autoricen las ordenes necesarias dentro de la investigación de un caso de desaparición forzada, incluyendo, ordenes de captura, cateos, entrega de información de telefonía, interceptación de comunicaciones y aquellas diligencias urgentes que requieran orden judicial.
  • Garantizar que se preserven para todas las investigaciones judiciales, los videos y grabaciones tomadas tanto por entidades públicas, como por ejemplo el C-4, así como por particulares.
  • Rechazar las pruebas obtenidas bajo tortura. Las declaraciones y otras pruebas obtenidas por medio de tortura, malos tratos u otras formas de coacción no deben admitirse en ningún procedimiento. Sólo podrían presentarse dentro de un proceso como prueba de los abusos contra el presunto responsable de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Garantizar que el Estado asigne presupuesto adecuado y suficiente que provea los recursos acordes a las necesidades de la investigación, sean estos humanos, tecnológicos, económicos y/o jurídicos y que incluya los gastos que generan las diligencias para las víctimas.
  • Garantizar el derecho de las víctimas de participar en todas las etapas de la investigación, de manera que puedan ventilar sus opiniones, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones, y en síntesis, hacer valer sus derechos. Para garantizar estos derechos, las autoridades deben brindar las condiciones de seguridad necesarias y otorgar los recursos económicos pertinentes. Las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas a tener peritajes independientes y cubrirán los gastos que se requieran para este fin.
  • Establecer un mecanismo permanente periódico de información a los familiares sobre la investigación. Los Ministerios Públicos competentes deberán presentar la teoría del caso, las líneas de investigación en cada caso y el plan de diligencias. Se levantará un acta de cada reunión, en la que se consignarán los compromisos establecidos. Las víctimas deben contar desde el momento de los hechos con material informativo, orientación y capacitación adecuados sobre el procedimiento judicial. Las víctimas decidirán libremente si recurren al apoyo de la Asesoría Jurídica Federal, que depende de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
  • Garantizar el derecho de las víctimas a la coadyuvancia individual y colectiva como su legítimo derecho, facilitándoles el acceso los expedientes y bridándoles copias gratuitas de las actuaciones que puedan conocer conforme a la ley.
    Manifestación en la tribuna del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria durante un juego de los Pumas. Foto: Discurso y Debate.

    Manifestación en la tribuna del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria durante un juego de los Pumas. Foto: Discurso y Debate.

     

Medidas de protección

  • Establecer medidas de protección específicas que requieran las víctimas del caso, así como de sus representantes legales, testigos o defensores de derechos humanos. Éstas se analizarán con los familiares y se adoptarán las medidas de protección adecuadas a su situación y atendiendo al contexto local, desplazamientos o características familiares, entre otros. Dicho análisis podrá realizarse de forma colectiva con el grupo de familiares o de manera individual, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Se establecerá un medio para realizar una revisión periódica de dichas medidas, así como un referente específico accesible, con disponibilidad y capacidad de toma de decisiones para resolver los problemas que se presenten.
  • Acordar con los familiares el manejo de incidentes de seguridad, manejo de las posibles denuncias y su investigación en condiciones de protección, y las necesidades en caso de amenazas, proporcionando los medios de protección adecuados. También se deberán proporcionar medios de comunicación para hacer frente al aumento de sus necesidades y brindar en caso que se requiera, apoyo en traslados en condiciones seguras.
  • Garantizar una investigación pronta e imparcial de las amenazas y otros riesgos de seguridad, así como brindar información adecuada sobre los mecanismos de información a que tienen derecho las víctimas, los representantes legales o los defensores de derechos humanos, incluyendo la figura de testigo protegido para casos especiales.
En la marcha del 20 de noviembre de 2014 se desplegaron banderas en las que los colores rojo y verde fueron sustituidos por el negro. Foto: Discurso y Debate.

En la marcha del 20 de noviembre de 2014 se desplegaron banderas en las que los colores rojo y verde fueron sustituidos por el negro. Foto: Discurso y Debate.

Reparación

    • Concebir la reparación como un instrumento para promover una transformación democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva para todos. La reparación hace parte del reconocimiento de la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas y debe ser reconocida hasta el momento en que ocurrieron los hechos.
pdf-InformeGIEI

Portada del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa.

EL GIEI:

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue creado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en acuerdo con el Estado de México y los representantes de las víctimas, para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero.

Su actuación forma parte de las Medidas Cautelares MC/409/14 y se da en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región.

El mandato del GIEI tiene que ver con evaluar las actuaciones llevadas a cabo por el Estado y proporcionar recomendaciones sobre: 1) el proceso de búsqueda de los desaparecidos, 2) la investigación de los hechos y responsables, 3) la atención integral a las víctimas.

Además, de una forma más amplia, el Estado reiteró en el Acuerdo su disposición para que a partir de las recomendaciones emitidas por el GIEI se fortalezcan sus capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de la investigación de los casos de desaparición forzada.

El grupo nombrado por la CIDH está formado por Ángela Buitrado (Magister en derecho penal y doctora en sociología, Colombia); Claudia Paz (abogada y ex fiscal general de Guatemala); Francisco Cox (abogado penalista de Chile); Alejandro Valencia Villa (abogado y experto en derechos humanos, Colombia), y Carlos Martín Beristáin (médico y doctor en psicología, España).

México, septiembre de 2015.

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